El gobierno peruano aprobó modificaciones clave en el Reglamento para el Cierre de Minas mediante el Decreto Supremo Nº 006-2025-EM, publicado en el diario oficial El Peruano el 19 de marzo de 2025. La norma busca fortalecer las medidas ambientales y de seguridad en la fase de cierre de operaciones mineras, garantizando una mayor fiscalización y cumplimiento de obligaciones por parte de los titulares mineros.

Principales cambios normativos

Entre las modificaciones más relevantes se encuentran:

• Mayor fiscalización y supervisión ambiental: El OEFA podrá ordenar medidas inmediatas si detecta riesgos ambientales o para la salud. Además, se refuerza la supervisión de planes de cierre, asegurando su correcta ejecución.

• Requisitos más estrictos para garantías financieras: Se establece un cálculo más riguroso para la constitución de garantías ambientales, asegurando que cubran todos los costos del cierre. Se aplicarán sanciones y hasta inhabilitaciones a consultoras que presenten presupuestos de cierre subvaluados.

• Obligación de actualizar el Plan de Cierre de Minas: Se requerirá una actualización cada cinco años, basada en reportes semestrales.

• Responsabilidad extendida: Los titulares mineros, así como sus directores y accionistas mayoritarios, podrán ser responsables solidarios en casos de incumplimiento.

• Intervención del Estado en casos de incumplimiento: Si una empresa abandona una mina sin cerrar correctamente, el Ministerio de Energía y Minas podrá ejecutar el cierre usando las garantías previas. Además, se permitirá que el Estado contrate empresas especializadas para ejecutar medidas de cierre en casos críticos.

• Nueva estructura de supervisión: El OSINERGMIN supervisará la seguridad en los cierres mineros, especialmente en relaves, desmontes y labores subterráneas. Los gobiernos regionales fiscalizarán el cierre de minas en la pequeña minería y minería artesanal.

• Sanciones más severas por incumplimiento: Se aplicarán multas y hasta la inhabilitación del titular minero si no cumple con el cierre adecuado. Si una empresa no constituye las garantías exigidas, sus operaciones podrán ser paralizadas hasta por dos años.

Impacto en el sector minero

Estas reformas buscan reforzar la responsabilidad ambiental de las empresas mineras y prevenir pasivos ambientales que afecten a comunidades cercanas. Si bien el sector minero ha mostrado preocupación por las nuevas obligaciones financieras y operativas, especialistas destacan que estas medidas son esenciales para una gestión sostenible y responsable.

Con esta modificación normativa, el gobierno peruano reafirma su compromiso con la regulación ambiental en la industria minera, promoviendo un cierre de minas que minimice impactos negativos en el medio ambiente y la salud pública.