El Gobierno del Perú ha reconocido por primera vez la existencia de una operación informal de cobre a gran escala, marcando un hito en la atención oficial a esta creciente problemática que amenaza con expandirse ante el alza sostenida de los precios del mineral.

El anuncio fue realizado por el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, quien alertó que la minería artesanal de cobre ha alcanzado niveles significativos en determinadas zonas del país, donde ya existen concesiones mineras formales.

Actividad informal con alto valor económico

Según estimaciones, la producción de esta operación informal, identificada por el Gobierno, alcanzaría las 30.000 toneladas métricas anuales de cobre, lo que equivale a casi US$ 300 millones a precios actuales. La extracción se realiza en tierras comunales, lo que genera disputas legales entre los propietarios del terreno y los titulares de derechos mineros.

El ministro señaló que esta sería la mayor operación de producción no formal de cobre detectada hasta la fecha. El caso ha encendido las alarmas por el posible crecimiento de esta actividad en otras regiones ante la falta de regulación y supervisión efectiva.

Desafíos para el sector minero

La minería informal y los conflictos entre comunidades y concesionarios legales se han convertido en un desafío recurrente para el Estado y para las empresas mineras. En el último año, proyectos de exploración de compañías como Southern Copper, First Quantum Minerals y Teck Resources también se han visto afectados por ocupaciones ilegales.

Aunque el volumen de cobre producido informalmente aún es reducido en comparación con la producción formal, el Gobierno advierte que su expansión podría generar serias distorsiones en el mercado, además de conflictos sociales y daños ambientales.

Perú es actualmente el tercer mayor productor de cobre del mundo y el primero en oro en Sudamérica, lo que hace aún más urgente una estrategia integral para enfrentar este fenómeno y evitar mayores impactos en el sector.