El crimen organizado y la minería ilegal han intensificado su presencia en Pataz, región La Libertad, generando un clima de violencia que culminó recientemente con el asesinato de 13 trabajadores mineros tras ser brutalmente torturados. Esta masacre ha llevado al gobierno de Dina Boluarte a implementar una serie de medidas para frenar la criminalidad en la zona, aunque no todas cuentan con el respaldo de la población local.

Una reciente encuesta nacional realizada por Ipsos revela que un 81% de los peruanos considera que el avance de la minería ilegal constituye una amenaza para la seguridad nacional, cifra que aumenta a 82% en Lima. Solo un 15% minimiza el impacto de esta actividad ilícita en el país.

La masacre en Pataz ha marcado un punto de inflexión en la percepción ciudadana respecto a la responsabilidad por los hechos violentos. Según Ipsos, el 47% de los encuestados responsabiliza al gobierno por lo sucedido. Sin embargo, la culpa también recae sobre los mineros ilegales (31%), el Congreso de la República (30%), las bandas criminales (29%) y la Policía Nacional (28%). Además, un 22% atribuye responsabilidad al gobierno regional de La Libertad, liderado por César Acuña.

En respuesta a la crisis, el Ejecutivo extendió por 60 días el estado de emergencia en Pataz, medida que incluye un toque de queda desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m. Asimismo, se dispuso la suspensión de todas las actividades mineras en Pataz, Parcoy y Tayabamba durante 30 días, una decisión que ha generado controversia entre la población y el sector minero.

La encuesta de Ipsos evidencia que las medidas adoptadas por el gobierno no cuentan con un respaldo mayoritario. Un 43% de los consultados considera que las operaciones mineras deberían continuar, pero con mayores controles de seguridad. Un 28% opina que solo las mineras formales deben seguir trabajando, mientras que la actividad informal debería ser suspendida. En tanto, apenas un 26% apoya la paralización total de las actividades mineras en la zona de conflicto.

Ante el panorama incierto, Pataz se mantiene en alerta mientras las autoridades intentan recuperar el control del territorio y contener el avance de la minería ilegal.