Un reciente estudio de Ipsos Perú revela que una amplia mayoría de ciudadanos considera que la minería ilegal no solo es un problema ambiental o social, sino también una amenaza directa al sistema democrático del país. Según los resultados, el 71 % de los peruanos cree que esta actividad ilícita será utilizada para financiar futuras campañas electorales, lo que refleja una creciente preocupación por la influencia de las economías ilegales en la política nacional.

El informe, que recoge la percepción ciudadana sobre el impacto de la minería ilegal, también muestra que 8 de cada 10 peruanos asocian esta actividad con delitos graves como el lavado de dinero, la trata de personas y el crimen organizado. En particular, el 76 % cree que está directamente conectada con el financiamiento de redes criminales.

Además, el estudio indica que el 60 % de los encuestados teme que el país sea controlado en el futuro por mafias vinculadas a la minería ilegal, y un porcentaje aún mayor coincide en que la minería ilegal tiene más poder que muchas autoridades locales. Este sentimiento se intensifica en las regiones donde la minería informal ha crecido sin regulación y con escasa presencia del Estado.

El informe también resalta que, para la mayoría de peruanos, la minería ilegal ya no es percibida solo como una actividad informal, sino como un problema estructural que pone en riesgo la seguridad familiar, el medio ambiente y la estabilidad política.

Ante este escenario, el estudio de Ipsos concluye que la ciudadanía espera acciones concretas y sostenidas por parte del Estado, así como una mayor fiscalización y una política integral que combata la expansión de esta actividad ilícita desde múltiples frentes: legal, económico, ambiental y social.