El proyecto minero Tía María, valorado en US$ 1,802 millones y a cargo del Grupo México, enfrenta una nueva oposición legal. Un grupo de agricultores ha interpuesto una demanda judicial en la Corte Superior de Lima para frenar su construcción, prevista para 2025.

La acción de amparo presentada argumenta que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto perdió vigencia en 2019, por lo que no podría ejecutarse sin una nueva aprobación. «No existiendo un estudio de impacto ambiental, no se puede desarrollar el proyecto minero», declaró David Velazco, abogado de los agricultores, en una entrevista con The Associated Press.

Agricultores temen impacto ambiental

Los agricultores del Valle de Tambo, quienes cultivan arroz, ajos, papas y aguacates en aproximadamente 15,000 hectáreas, temen que la explotación a cielo abierto contamine el río que irriga sus cultivos. «El polvo particulado de las voladuras mineras se impregnará en las hojas de las plantas y no les dejará respirar, afectando la producción», advirtió César Juárez, campesino del valle y uno de los impulsores de la demanda.

Sin embargo, Grupo México ha asegurado que el proyecto utilizará agua de mar desalinizada y que implementará un ferrocarril industrial para el transporte de insumos y cobre, minimizando así el impacto ambiental.

Un conflicto de más de una década

El enfrentamiento entre los agricultores y la minera mexicana se ha prolongado por más de diez años. Entre 2011 y 2015, las protestas contra el proyecto dejaron un saldo de siete muertos y más de 300 heridos en enfrentamientos con la policía. A pesar de la oposición, la presidenta Dina Boluarte mencionó en 2024 que Tía María «generará recursos que potenciarán el desarrollo del Valle del Tambo».

La situación sigue siendo incierta, pues mientras Grupo México mantiene su intención de iniciar la construcción en 2025, la demanda presentada podría retrasar o incluso frenar el proyecto.