El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) viene evaluando la viabilidad ambiental de nueve grandes proyectos de inversión en la región La Libertad, que en conjunto superan los US$ 2,000 millones. Estas iniciativas —cuatro del sector minero y cinco de transporte— buscan aportar al crecimiento económico regional bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y participación informada de la población.

Entre los proyectos mineros destacan la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) Retamas, la cuarta MEIA-d de minera La Arena, la segunda MEIA del proyecto La Estrella y el cuarto Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la MEIA para la ampliación de operaciones en Santa María I.

En el sector transportes, se analizan dos proyectos de transitabilidad en la provincia de Bolívar, la segunda MEIA-d del tramo Trujillo–Chiclayo de la Autopista del Sol, el ITS del mismo proyecto, y el mejoramiento del acceso vial entre Nuevo Puente Pallar y Puente Chagual, en la provincia de Sánchez Carrión.

Además, el Senace ya ha otorgado viabilidad ambiental a proyectos en La Libertad por más de US$ 1,800 millones, reafirmando su rol como entidad técnica en la evaluación de estudios ambientales.

El miércoles 9 de abril, en Trujillo, la presidenta ejecutiva del Senace, Silvia Cuba, desarrolló la conferencia “Rol del Senace en la evaluación de estudios ambientales de los proyectos de inversión en La Libertad”, en un espacio técnico organizado por la Cámara de Comercio de La Libertad.

“Trabajamos para generar confianza y seguridad jurídica en las decisiones que tomamos. Nuestras evaluaciones se realizan con rigor técnico, respetando el marco legal ambiental y el enfoque social”, afirmó Cuba al compartir los avances y desafíos en la gestión ambiental.

Asimismo, destacó que el Senace articula alianzas estratégicas mediante asistencia técnica a municipalidades y gobiernos regionales, promoviendo la aprobación de proyectos públicos, privados y mixtos. Todo ello acompañado de mecanismos de participación ciudadana que garanticen transparencia en la certificación ambiental.