El asesinato de trece trabajadores mineros dentro de un socavón en la provincia de Pataz, región La Libertad, ha causado una profunda conmoción nacional. Diversas instituciones han solicitado al Gobierno acciones urgentes y contundentes para enfrentar la creciente minería ilegal y la criminalidad en la zona.

Ante esta situación, el Gobierno Regional de La Libertad emitió un pronunciamiento en el que manifiesta su consternación y expresa sus condolencias a las familias de las víctimas. Además, solicitó al Ejecutivo considerar la declaratoria del estado de sitio en Pataz como una medida excepcional pero necesaria para recuperar el control del territorio y enfrentar a las organizaciones delictivas que operan en la zona.

Mientras se evalúa esta medida, la autoridad regional demandó el envío inmediato de personal y recursos para reforzar la seguridad en toda la provincia, con el objetivo de proteger la vida y tranquilidad de sus ciudadanos. “Las mafias ligadas a la minería ilegal no pueden seguir sembrando el miedo”, advierte el comunicado oficial.

Asimismo, se exhortó al Ministerio Público y al Poder Judicial a actuar con celeridad y firmeza, a fin de asegurar que este crimen no quede impune. “Exigimos investigaciones urgentes y la captura de los responsables. Frente a esta atrocidad, la justicia debe actuar sin vacilaciones”, señala el documento.

El Gobierno Regional también anunció que brindará asistencia legal, psicológica y económica a los familiares de las víctimas y reafirmó su compromiso de no dejarlos solos en este difícil momento. “Desde La Libertad decimos con claridad: no cederemos ante la violencia. Honraremos a nuestros caídos con acción y determinación”, concluye el pronunciamiento.

¿Qué implica un estado de sitio en Perú?

El estado de sitio es una medida excepcional que puede ser declarada ante situaciones como invasión, guerra interna o peligro inminente de estas. Su aplicación permite suspender algunos derechos constitucionales, como la libertad de tránsito o reunión, aunque debe precisarse qué derechos se mantendrán vigentes.

Tiene una duración inicial de hasta 45 días y su extensión requiere autorización del Congreso. Su implementación busca dar al Ejecutivo herramientas para restablecer el orden en escenarios críticos.