La incorporación de mineros artesanales a la economía formal representa una oportunidad para sumar al crecimiento del país. En ese sentido, Aaron Quiñón, investigador del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, señaló que el proceso de formalización minera debe construir soluciones sostenibles que integren desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

Durante su participación como expositor en el último Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) Quiñón compartió algunas cifras presupuestales. Según explicó, el presupuesto asignado para la erradicación de la minería ilegal en 2024 asciende a S/ 119 millones, mientras que los fondos destinados a la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) bordean los S/ 21 a 25 millones, es decir, cinco veces menos de lo que se invierte para combatir la actividad ilegal.

En ese contexto, resaltó que esta diferencia de inversión es una oportunidad para fortalecer la labor preventiva y de acompañamiento a los mineros en vías de formalización.

“El proceso de formalización actual requiere recursos, estrategia y presencia efectiva en el territorio”, señaló el investigador, quien lideró un estudio conjunto con la Universidad de Oxford en regiones como Madre de Dios, La Libertad, Arequipa y Lima.

El diagnóstico actual estima que entre 300,000 y 500,000 mineros artesanales operan en el país, sin embargo, sólo 27,000 siguen vigentes en el proceso de formalización, y apenas 11,000 han logrado culminarlo desde que comenzó en 2002.

La complejidad de los trámites, la falta de asesoría técnica y la inestabilidad normativa han generado una percepción de dificultad entre los propios mineros. “La frase más común que escuchamos en campo fue: ‘me arrepiento de haberme formalizado’”, comentó Quiñón, quien propuso reforzar la orientación técnica en zonas clave.

Cambio de enfoque

Por ese motivo, el investigador de la Universidad del Pacífico recordó que el estudio realizado propone un rediseño integral del proceso de formalización que incluya:

• Una mayor presencia territorial del Estado con centros locales de asistencia para la MAPE.
• El reconocimiento de la diversidad geográfica, productiva y social de los mineros artesanales.
• Incentivos económicos y técnicos que hagan atractiva la formalización.
• Regulación efectiva de la cadena de valor, incluyendo plantas de beneficio y comercializadores.
• Formalizar con enfoque integral

“El imperio de la ley no basta frente al imperio de la realidad”, sostuvo Quiñón en el evento del IIMP, al subrayar que la minería artesanal puede convertirse en un motor del desarrollo nacional si se gestiona con enfoque económico, social y ambiental.

Cada paso hacia la formalización efectiva no solo permitirá una mayor recaudación tributaria, sino también reducir riesgos asociados al crimen organizado, daños ambientales y conflictos sociales.

“Formalizar es posible”, concluyó Quiñón, “pero requiere voluntad política, enfoque territorial y una política pública que deje de castigar y empiece a construir”.